Diciembre de 2001 evoca la caída de Fernando de la Rúa, los saqueos, el “default”, el desmoronamiento de la economía y la quiebra del sistema de partidos que prevaleció desde la vuelta de la democracia en 1983. La última quincena de ese mes fue el teatro de esa sucesión de acontecimientos que marcó a fuego a los argentinos. Sus resonancias no se acallaron aún, pese al tiempo transcurrido. Pero para la memoria colectiva pasó inadvertida la frustración de la primera embestida en contra de la Carta de 1990 en la Legislatura.

La premisa estratégica
La gestión de Julio Miranda se planteó como meta ineludible la reforma de la Constitución del 90, que el peronismo aceptó a regañadientes con la llegada del interventor federal Julio César Araóz. Ni en los momentos más críticos de ese fatídico mes final de 2001 dejó de intentar corporizar ese propósito. Se invocó siempre como factor unificador el rechazo a la matriz bussista del texto constitucional.

Sólo FR aparecía empeñada en la defensa de su intangibilidad. Entre otras cosas, el mirandismo pretendía eliminar la cláusula que vedaba la reelección inmediata del gobernador, del vice, y de otros funcionarios y representantes surgidos de votación popular.

El fraccionamiento de los bloques políticos en la Legislatura preparaba el terreno para la empresa reformista.

Miranda se propuso explotar esa situación en beneficio de sus planes. FR fue el partido más damnificado, ya que sus 12 legisladores se dispersaron en tres bloques. La UCR, a su vez, con menos representantes, se dividió en tres grupos.

No extrañó entonces que el ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, concurriera el 18 de diciembre a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura para manifestar la voluntad reformista del Poder Ejecutivo. Se debe derogar también el Pacto de Olivos, agregó Guerrero. Abogaba así por el retorno del Colegio Electoral para la elección del presidente y del vice. Según declaró luego Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión, la reforma no está en la labor de la Cámara.

Marco crítico
La crisis política y económica se agudizó a partir del 19. Renunció De la Rúa, los asaltos a los supermercados y negocios se multiplicaron por el país y, desde luego, por Tucumán. El gobernador peronista Adolfo Rodríguez Saá asumió la presidencia del país y declaró el cese del pago de los intereses de la deuda pública. Los bonos y títulos emitidos por el gobierno de Miranda no escaparon a ese clima. Se giraron decretos de necesidad y urgencia (DNU) a la Cámara. El gobernador creyó que, en medio del barullo suscitado por la crisis nacional, podía acelerar el tiempo del cambio.

Un duro revés
Osvaldo Jaldo -presidente subrogante de la Cámara- y Mariano Poliche (Vanguardia Provincial), junto al vicegobernador Sisto Terán, trabajaron para ejecutar la orden mirandista. Los votos de FR, Olijela Rivas y José Ricardo Falú por la designación de Rodríguez Saá en la Asamblea Legistativa robustecieron el optimismo oficialista.

Cuando el 29, el mirandismo pretendió forzar las definiciones, se encontró con que no contaba con los 27 votos necesarios para declarar la necesidad de reforma de la Ley Fundamental. Le faltó un voto. Jaldo fracasó en sumar el apoyo de Julio Díaz Lozano. A su vez, Ricardo Bussi y Pablo Walter alinearon con la postura antirreformista a Jorge de Faveri, Diego Nieva y Miguel Brito. Cercano a Miranda, apareció el radical Juan Vildoza.

Jaldo no aceptó que el PJ hubiera perdido la batalla y adelantó que la reforma se trataría sí o sí, pero 2001 dijo no al plan mirandista.